Las Jornadas han sido inauguradas por la Defensora del Pueblo de Castilla La Mancha, Henar Merino, el Defensor del Pueblo Estatal, Enrique Múgica Herzog y el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, José Bono.

La función de defensa y protección de los derechos individuales y colectivos que tiene encomendada la Institución Defensor del Pueblo requiere la coordinación entre sus distintos titulares, que durante estas reuniones anuales de trabajo intercambian experiencias, comparten iniciativas y adoptan acuerdos sobre aspectos determinantes para la defensa y el avance de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Con motivo de la celebración en Castilla La Mancha de las XVIII Jornadas de Coordinación, la Institución del Defensor del Pueblo se propone analizar, evaluar y valorar las distintas políticas y medidas adoptadas hasta el momento por las Administraciones Públicas en aspectos de especial trascendencia social como son: la erradicación de la violencia en el ámbito de la convivencia, el derecho de acceso a la vivienda y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

En este sentido, los titulares de la Institución han concretado líneas de actuación sustentadas en la necesidad de dar una solución integral a problemas que afectan una considerable parte de la población y al conjunto de la sociedad.

Durante los meses previos a la celebración de las XVIII Jornadas de Coordinación, han tenido lugar diversos talleres preparatorios de las sesiones de trabajo. Dichos talleres han estado integrados por expertos de los equipos profesionales de la Institución del Defensor del Pueblo en las materias objeto de estudio.

Tras las primeras sesiones de trabajo de las Jornadas, y al término de las mismas, los titulares de la Institución del Defensor del Pueblo han realizado las siguientes propuestas como resultado de las conclusiones de los talleres de trabajo, que han venido desarrollándose hasta hoy.

TALLER: LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CONTRA LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

La defensa y protección de los derechos individuales y colectivos cobra especial relevancia cuando se trata de personas en situación de desigualdad e indefensión.

Por ello, Las Defensorías exigen a las Administraciones Públicas que, desde su responsabilidad, actúen con la debida diligencia en la consecución ineludible de dos fines prioritarios para la erradicación de la violencia doméstica:

1- Prevenir y detectar de forma precoz estas situaciones para interceptar desde el inicio cualquier conducta que pueda generar violencia.

2- Prestar atención integral a las personas afectadas a través de medidas legislativas, jurídicas, sanitarias, asistenciales, sociales y educativas que, desde la coordinación y cooperación imprescindible de las Administraciones implicadas, ofrezcan a la víctima protección, seguridad, resarcimiento, así como su recuperación e integración social en condiciones de igualdad.

Aunque se ha hecho mucho en poco tiempo para paliar esta lacra social, las quejas y la información que recibimos en nuestras Instituciones evidencian que ha sido insuficiente.

El respeto y salvaguarda de los derechos humanos, a la vida, a la integridad, a la libertad, a la igualdad y a la dignidad de todas las personas, exigen aunar todas las fuerzas y actuar de modo contundente en la erradicación de este fenómeno, intolerable en una sociedad realmente igualitaria, justa y solidaria.

CONCLUSIONES

Los Defensores del Pueblo acuerdan unas líneas básicas de actuación para exigir a las Administraciones de modo unánime, responsabilidad y debida diligencia en la adopción de medidas eficaces para combatir esta violencia.

- Asumen el compromiso de evaluar si “los juicios rápidos” y “la orden de protección” son instrumentos jurídicos válidos y eficaces. Para ello, El Defensor del Pueblo Estatal recabará la oportuna información al Fiscal General del Estado.

- Promoverán la creación de un marco jurídico unitario y global contra la violencia en el ámbito de la convivencia, que garantice a todas las personas el ejercicio igualitario de sus derechos y la atención integral inmediata.

- Instarán la necesaria creación de la Jurisdicción de Conflictos de Familia.

- Proponen reformas legislativas para conceptuar legalmente la violencia psíquica, mejorar la responsabilidad de la Administración en casos de victimas que no fueron debidamente protegidas, acelerar eficazmente la adopción de las medidas urgentes por los Juzgados Civiles. Y en el supuesto de mujeres inmigrantes intentar que se

considere su circunstancia de víctima de violencia de género como razón humanitaria para su regularización administrativa.

- Exigir la ejecución eficaz de todos los medios para luchar contra esta violencia desde la responsabilidad directa de los Poderes Públicos.

- Impulsar la cooperación, coordinación y especialización de los sectores implicados, básica para la detección de estas situaciones. Destacando la importancia de las Comisiones de Seguimiento intersectoriales para poner en marcha y evaluar protocolos de actuación.

- Defender una asistencia integral de calidad, pública e institucional, para las víctimas de esta violencia, la existencia de casas de acogida y residencias que les traten de modo individual para su recuperación social y la creación de recursos públicos adecuados a víctimas especialmente vulnerables, mujeres con discapacidad, toxicomanías, transtornos mentales, inadaptación social, etc.

- Reivindicar para las mujeres victimas de esta violencia, una formación adecuada, su integración laboral, viviendas dignas y la creación de un FONDO DE GARANTIA SOCIAL que afronte las situaciones de impago de pensiones derivadas de la ruptura familiar. Exigen la financiación suficiente para que los planes de igualdad no sean una mera declaración de principios.

- Creen conveniente investigar alternativas de tratamiento para la rehabilitación de maltratadotes para completar el cumplimiento integro de la pena con reinserción y prevención.

- Exigir a los Poderes Públicos la incorporación de la transversalidad para garantizar la perspectiva de género en todas sus políticas, como indica la Unión Europea. Y propiciar códigos deontológicos en la actuación de los medios de comunicación, para dar un tratamiento digno y respetuoso con los derechos de estas personas.

- El maltrato infantil precisa para su detección precoz de protocolos de actuación vinculantes cuya implantación y ejecución es deber ineludible de la Administración.

- Denuncian la actuación deficitaria de la Administración cuando las victimas de esta violencia son personas mayores. Y reclaman su urgente intervención para su protección.

- Recomiendan impulsar programas de preventivos que permitan romper la cadena transgeneracional de la violencia. Así como la investigación para tener información homogénea y real de este fenómeno.

- Hacen público el compromiso de expandir en la organización de todas sus Instituciones, servicios específicos de atención a mujeres, menores y personas mayores (ya existen algunas) para ofertar a estos ciudadanos un tratamiento directo y cualificado.

TALLER: ACCESO A LA VIVIENDA. INTERVENCIÓN PÚBLICA DIRIGIDA A GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA

El disfrute de una vivienda es un requisito, casi ineludible, para el desarrollo de un proyecto de vida acorde con los derechos reconocidos a todas las personas en los estados democráticos de derecho.

La relevancia que la garantía de este derecho tiene, exige que los poderes públicos desarrollen una actuación intensa, en orden a establecer las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Así se establece expresamente, en relación con los poderes públicos nacionales, en el reiterado artículo 47 de la Constitución Española, precepto que en el marco europeo tiene perfecta inclusión, considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 34, dispone que la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes.

En opinión de los Defensores del Pueblo, deben ser tenidos en cuenta dos principios generales a la hora de poner en marcha políticas de intervención pública en materia de vivienda: colaboración y coordinación entre las distintas instancias territoriales y especial consideración a colectivos específicos con especiales dificultades para el acceso a la vivienda.

En primer lugar, en un sector material donde son titulares de competencias el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, es necesario realizar una llamada a la imprescindible colaboración entre los distintos sujetos públicos a la hora de diseñar e implementar los instrumentos de intervención pública en este ámbito.

En segundo lugar, toda acción pública dirigida a facilitar el acceso a la vivienda debe tener en consideración la existencia de colectivos que, por sus especiales circunstancias, precisan de una atención singular. En efecto, personas mayores, jóvenes, inmigrantes, discapacitados, miembros de familias numerosas o mujeres con cargas familiares, por procesos de separación y divorcio o por necesidad de alejamiento de sus parejas para evitar malos tratos, cuentan con problemas específicos de renta y de integración social que deben ser atendidos en las políticas de intervención que se desarrollen.

Las premisas generales indicadas deben presidir todas las actuaciones públicas que, a través de este documento, se van a recomendar, diferenciando para ello, desde un punto de vista sistemático, la necesaria intervención de los poderes públicos, por un lado, en el mercado del suelo y, por otro, en el fomento del mercado de la vivienda de alquiler y de la vivienda protegida.

PROPUESTAS

1 Medidas de intervención en el mercado del suelo.

1.- Redefinir la antigua figura de los “patrimonios municipales del suelo”. A este respecto, es necesario:

A) Ampliar su ámbito, incluyendo los bienes inmuebles de naturaleza patrimonial pertenecientes a todas las Administraciones públicas y a las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes a las mismas que sean clasificados por el planeamiento urbanístico como suelo urbano o urbanizable. Se hablaría así de “patrimonios públicos del suelo”.

B) Pormenorizar normativamente las interpretaciones que se deban hacer del concepto jurídico indeterminado “otros fines/usos de interés general/social”, restringiéndolas de tal manera que quede garantizado, en todo caso, el destino básico y fundamental de los bienes integrantes de los Patrimonios Públicos del Suelo, que no es otro que la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

C) Eliminar el sistema de subasta como forma de enajenación de los bienes inmuebles integrantes de los Patrimonios Públicos. En este sentido, el sistema que se considera idóneo es el de concurso, debiéndose permitir la adjudicación directa en supuestos tasados.

D) Revisar el punto 3º del artículo 40 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

2.- Establecer un porcentaje del aprovechamiento lucrativo total de los ámbitos de gestión con uso predominante residencial para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Dichos porcentajes deberán materializarse en cada uno de los ámbitos de actuación integrada (polígonos o unidades de actuación/ejecución), procurando la mezcla equilibrada de grupos sociales, usos y

actividades, y evitando así un posible desarrollo del fenómeno de la segregación espacial.

3.- Agilizar los procesos de urbanización de los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable:

A) Simplificando al máximo, desde el punto de vista normativo, los procedimientos administrativos relacionados con la gestión urbanística, garantizando, en todo caso, la participación ciudadana.

B) Estableciendo mecanismos de agilización administrativa tendentes a evitar retrasos en la tramitación de los correspondientes procedimientos. A destacar en este sentido, la utilización de la figura del silencio administrativo.

C) Estableciendo mecanismos que impidan la retención especulativa del suelo. En este sentido se deben implantar medidas que garanticen el cumplimiento de los plazos de ejecución respecto a la urbanización del suelo, favoreciendo, especialmente, la labor urbanizadora, bien mediante la intervención directa de la Administración, bien a través de figuras de intervención privada.

2 Fomento del mercado de viviendas de alquiler.

* Promover el alquiler como régimen de acceso a la vivienda, adoptando para ello medidas de carácter fiscal, dirigidas tanto al fomento de la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, como a hacer más atrayente, desde un punto de vista económico, la oferta y la demanda de viviendas de alquiler.

* Adoptar medidas dirigidas a proporcionar mayor cobertura jurídica y garantías a las relaciones contractuales de arrendamiento, mediante el desarrollo por las Administraciones públicas de programas a través de los cuales se garantice por aquéllas el pago de la renta y los posibles deterioros que se puedan producir en las viviendas arrendadas en determinados supuestos que precisen de especial protección”.

* Incrementar notablemente la promoción directa por parte de las Administraciones públicas de viviendas destinadas al alquiler, así como el número de viviendas de titularidad pública cuya finalidad sea afrontar situaciones de especial necesidad y emergencia.

* Abordar programas de rehabilitación de viviendas para su destino a alquiler en los centros urbanos y en los barrios periféricos, que vayan acompañados de medidas activas dirigidas a garantizar un entorno adecuado.

3 Fomento de las viviendas de protección pública.

* Ejercer, en aquellas Comunidades Autónomas en las que aún no se hubiera hecho, la competencia legislativa en materia de vivienda, con especial referencia al ámbito sancionador relacionado con las viviendas protegidas.

* Promover viviendas en aquellas localidades más afectadas por las dificultades de acceso al mercado libre de vivienda y con las características más demandadas y garantizar en su construcción el cumplimiento de la normativa vigente.

* Garantizar que la adjudicación de todas las viviendas protegidas se lleve a cabo a través de procedimientos que respeten los principios de publicidad, concurrencia pública y transparencia.

* Adoptar las medidas necesarias para que la adjudicación y entrega de las viviendas protegidas se lleve a cabo en los plazos establecidos, evitando que retrasos excesivos repercutan en perjuicio de los adjudicatarios de aquéllas.

* Ejercer eficazmente las competencias reconocidas en orden a garantizar la adecuada conservación de las viviendas protegidas, acudiendo al mecanismo de la ejecución subsidiaria cuando ello sea necesario.

* Evitar que las viviendas protegidas se destinen a finalidades diferentes de las que motivaron su construcción y financiación, dotando a la calificación definitiva de vivienda de protección oficial de un carácter permanente.

* Crear servicios públicos de inspección en la materia y reaccionar con eficacia ante conductas infractoras como la percepción de sobreprecios en la transmisión de viviendas protegidas, ejerciendo los derechos de tanteo y retracto cuando ello sea necesario.

TALLER: LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La institución del Defensor del Pueblo, en el ejercicio de su función primordial de defensa de los derechos de todas las personas, ha puesto siempre especial cuidado, si cabe, en la defensa de aquellas personas con mayores dificultades para ejercer sus derechos. Por eso, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad ha sido siempre un objetivo prioritario de la institución garantista a la que representamos.

En este año 2003, declarado "Año Europeo de las Personas con Discapacidad" por el Consejo de la Unión Europea, según Resolución 2001/903/CE, los Defensores del Pueblo deseamos reflexionar sobre la eficacia de los derechos constitucionales de estas personas, destacando dos de los objetivos que señala el propio Consejo de la Unión Europea:

– La sensibilización sobre los hechos y actitudes que impiden a las personas con discapacidad el disfrute pleno y equitativo de sus derechos.

– El estudio y el debate acerca de las medidas necesarias para promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Conclusiones

Las personas con discapacidad son un heterogéneo colectivo de 3’5 millones de ciudadanos y ciudadanas en España, que se encuentran con graves dificultades en el ejercicio cotidiano de sus derechos constitucionales, a causa de su discapacidad.

Las conclusiones más relevantes del taller en el que se trataron los derechos de las personas con discapacidad y las medidas necesarias para su plena integración, son:

- El derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la plena ciudadanía, deberá informar todas las políticas públicas en esta materia.

- La sociedad en su conjunto, debe adaptarse a la diversidad de sus miembros, introduciendo las modificaciones ambientales necesarias que garanticen la plena participación de todos los ciudadanos en la vida comunitaria.

- Resulta imprescindible la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en todas las medidas que afecten a su vida.

- Urge que las administraciones públicas cumplan y hagan cumplir las normas de accesibilidad, adopten el concepto de accesibilidad universal y hagan lo propio en todas sus sedes y servicios.

- Para posibilitar la integración laboral, es fundamental mejorar la formación de las personas con discapacidad y desarrollar medidas de acción positiva.

- La educación es un pilar básico para la integración. Es necesario que ésta llegue a todas las personas con discapacidad, según sus necesidades y peculiaridades.

- La accesibilidad de la vivienda (dentro y fuera de ella), constituye una dificultad importante, de cara a conseguir el normal desenvolvimiento de la vida de las personas en situación de discapacidad.

- El acceso en condiciones de igualdad en los transportes, medios de comunicación y las nuevas tecnologías, es uno de los grandes retos en el camino hacia la igualdad efectiva.

- La Institución del Defensor del Pueblo se compromete a propiciar las medidas que favorezcan la integración de las personas con discapacidad, con actuaciones de oficio, intervenciones de control, realización de informes extraordinarios y emisión de resoluciones que faciliten la igualdad efectiva.

- La colaboración con el movimiento asociativo, será regla general en todas las actuaciones que afecten a los derechos de las personas con discapacidad.