XVIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo

Los Defensores del Pueblo desarrollarán un plan conjunto para combatir el estigma social de la enfermedad mental

Instarán a la Administración para que se garantice el derecho a la asistencia sanitaria de los enfermos mentales

 
Albacete, 22 de 0ctubre de 2003
 

La Defensora del Pueblo de Castilla La Mancha, Henar Merino, la Defensora del Pueblo de Navarra, María Jesús Aranda y José Ramón Vázquez, el Valedor do Pobo han presentado esta mañana en rueda de prensa conjunta las conclusiones de las XVIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo sobre salud mental, que concluyeron ayer.

Dichas Jornadas han analizado en profundidad la situación por la que atraviesa la asistencia en salud mental, tanto en las distintas Comunidades Autónomas como en el conjunto del Estado.

Además de los talleres y sus conclusiones sobre violencia doméstica, acceso a la vivienda y derechos de las personas con discapacidad, - celebrados en los trabajos de apertura las Jornadas -, en las sesiones de trabajo de Albacete se han debatido los siguientes aspectos de la salud mental:

- Servicios y recursos asistenciales en la atención a la salud mental;
- El enfermo mental como sujeto de derechos;
- Los soportes de la salud mental: familias y asociaciones y la integración de las personas con enfermedades mentales;

Servicios y recursos

La cronicidad y la dualidad de buena parte de los enfermos mentales en cuanto a la diversidad y gravedad de los problemas sanitarios y sociales que plantean es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los Servicios de Salud Mental y Social de nuestras Administraciones Públicas.

Por ello es necesario que por los responsables públicos se incrementen las plazas de media-larga estancia para los enfermos crónicos y los enfermos duales, abordándose su tratamiento desde una óptica integral que incluya aspectos de salud mental y de apoyo social, que asegure la continuidad de todo el proceso asistencial.

Consiguientemente, es preciso desarrollar una atención comunitaria paralela y simultánea con los nuevos modelos de intervención previstos en la reforma psiquiátrica y en la atención a las drogodependencias que suponga un freno al proceso de exclusión individual y colectivo que sufren estos enfermos.

Es un derecho que les corresponde constitucionalmente y que desde nuestras instituciones tenemos obligación de reivindicar frente a los poderes públicos.

El enfermo mental, sujeto de derechos

La enfermedad mental, como generadora de exclusión. El aprovechamiento de la conciencia social ya existente en torno a la enfermedad mental, generada a partir de la necesidad misma, más que por el impulso de las Administraciones, abre un nuevo campo de acción: la eliminación del estigma. Es esta visión, instalada en la sociedad, de que la enfermedad mental es incurable, necesita una labor institucional que impulse un cambio de mentalidad para que los derechos de los enfermos mentales sean prioritarios y su enfermedad, curable.

Los soportes de la salud mental

Rehabilitación e inserción social. Para ser eficaces es preciso implicar al conjunto de la sociedad, con campañas de divulgación e información que erradiquen prejuicios y estereotipos excesivamente arraigados. Por ello, hay que potenciar los mecanismos de comunicación entre los agentes políticos, sociales y económicos implicados - administraciones públicas, entidades ciudadanas y organizaciones empresariales- para encontrar un verdadero itinerario formativo hacia la plena inserción en el empleo, sin caer en el viejo esquema de la laborterapia.

Conclusiones

· Es necesario fomentar medidas que favorezcan la integración de las personas con discapacidad psíquica.

· Lo más importante es que la sociedad va tomando conciencia de la situación cada vez más grave de los enfermos mentales. En este sentido, hay que instar a las administraciones públicas para que garanticen el derecho a la asistencia sanitaria en el tratamiento de los enfermos mentales.

· Impulsar la implicación de los ayuntamientos y demás administraciones, para dotar a las personas con problemas de discapacidad de suficientes recursos.

· Es preciso desarrollar una regulación que facilite el acceso a una asistencia de calidad en la enfermedad mental.

· Hay una carencia de recursos. Las diversas reformas psiquiátricas han conducido a ello. Existen dos parámetros básicos para comprenderlo. En primer lugar, se ha incrementado el número de enfermos mentales, debido a que las familias, - uno de los pilares de la reforma psiquiátrica -, han envejecido. En segundo lugar, por la aparición de las patologías duales, es decir, los enfermos mentales, que además son toxicómanos.

· Convendría definir qué políticas deben llevarse a cabo en el terreno de la salud mental. Por ejemplo, a través de la elaboración de protocolos que marquen las pautas a seguir, además de incrementar los recursos personales y materiales.

· Hay que romper la imagen existente de que un enfermo mental no es capaz de realizar un trabajo efectivo para la sociedad.

· Finalmente, se ha propuesto que los defensores del pueblo elaboren un plan conjunto para combatir, tanto desde la administración como desde la sociedad en general, el estigma social de la enfermedad mental.

 
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